Reitera su llamado a otros legisladores quintanarroenses a comprometerse con las iniciativas que ya presentó
No podemos ser omisos ante una crisis que está destruyendo nuestras playas”, subraya
Cancún, 5 de junio. — En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Mayuli Martínez Simón, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado, exigió al gobierno federal atender con seriedad la crisis del sargazo que afecta al Caribe mexicano, y pidió a sus colegas legisladores de Quintana Roo que respalden las iniciativas que ya presentó para su manejo integral.
Recordó que planteó dos iniciativas de reforma ante la Comisión Permanente del Congreso para establecer mecanismos federales que permitan una respuesta efectiva, con enfoque ambiental, sanitario y económico, ante el creciente arribo de sargazo que, subrayó, no es un fenómeno pasajero, sino una amenaza de largo plazo.
Mayuli Martínez advirtió que el sargazo provoca severos daños ecológicos: destruye playas, afecta arrecifes, contamina el agua y el aire al descomponerse, y representa un riesgo para la salud pública. Añadió que se pierden entre 1.5 y 2 metros de playa cada año en zonas como Playa del Carmen y Tulum, lo que también pone en jaque al turismo.
La Senadora citó cifras de la Red de Monitoreo del Sargazo y Cambio Climático del Mar Caribe, que estima que este año podrían llegar más de 400 mil toneladas de sargazo a las costas de Quintana Roo, mientras que el volumen total flotante en el Atlántico y el mar Caribe ya supera los 40 millones de toneladas métricas, superando los peores registros de 2015, 2018 y 2022.
Mayuli Martínez criticó la falta de una estrategia nacional coordinada y denunció que actualmente no hay un protocolo federal claro para enfrentar el problema.
“No podemos seguir improvisando. Se requiere una política pública con recursos, ciencia y visión de futuro”, declaró.
Finalmente, llamó a los senadores y diputados federales de Quintana Roo, sin importar partido, a sumarse con responsabilidad.
“No podemos ser omisos. El sargazo ya no es una molestia: es un riesgo estructural que amenaza la economía del estado y el futuro de nuestros hijos”, concluyó.
