La Cuarta Transformación nos enseñó que no basta con hablar de justicia si no la llevamos a la práctica desde nuestras propias instituciones. Por eso, desde el Congreso del pueblo de Quintana Roo, impulsamos una reforma constitucional con un objetivo claro: que la legalidad, la transparencia y la justicia dejen de ser letra muerta y se conviertan en una realidad cotidiana para el pueblo.
Esta propuesta de reforma a nuestra Constitución local no es un simple trámite legislativo. Es un acto de coherencia política, un compromiso con la transformación profunda del Estado. Lo que estamos proponiendo es que los principios que rigen al gobierno —la austeridad republicana, la honestidad, la eficiencia, y la cercanía con la gente— queden claramente establecidos en nuestra Carta Magna para que ningún gobierno presente o futuro pueda darle la espalda al pueblo.
¿De qué va esta reforma? Se trata de ajustar y armonizar nuestra Constitución para que esté a la altura del momento histórico que vive México. En concreto, estamos reforzando las obligaciones del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos para garantizar que se conduzcan bajo los principios de legalidad, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Queremos evitar que los cargos públicos se conviertan en botines de poder. La política no puede ser negocio, tiene que ser servicio.
En la práctica, esto significa que buscamos cerrar los espacios por donde se cuelan los abusos, la opacidad y la corrupción. Que el presupuesto se use con responsabilidad y que los servidores públicos estén verdaderamente al servicio de la comunidad. Que los principios de justicia no se queden en los discursos, sino que guíen la acción diaria de los gobiernos.
Esta iniciativa no la construimos solos. Escuchamos a expertos, a ciudadanos, a organizaciones sociales. Porque la justicia no se decreta desde un escritorio: se construye con la participación del pueblo.
La reforma que proponemos es también una manera de consolidar la transformación que ya se vive en Quintana Roo, de la mano de nuestra gobernadora Mara Lezama, quien ha encabezado un gobierno humanista, cercano, feminista y profundamente comprometido con los que menos tienen.
En esta nueva etapa, la justicia no será un privilegio de unos cuantos. Será un derecho de todas y todos. Porque en el nuevo Quintana Roo, la ley debe ser instrumento del pueblo, y no un obstáculo para su bienestar.
La transformación apenas comienza, y la justicia es su piedra angular.
