El gobierno de Quintana Roo manifestó su rechazo a la posibilidad de permitir la portación de armas entre la población civil.
Esto, ante las recientes reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y se encuentran a la espera del aval del Senado.
Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno estatal, subrayó que las fuerzas de seguridad de Quintana Roo, en coordinación con instancias federales y las Fuerzas Armadas, mantienen una estrategia efectiva para combatir la delincuencia.
Gracias a estas acciones, aseguró, los índices delictivos han mostrado una tendencia a la baja, por lo que es innecesaria la autorización para que civiles porten armas.
La funcionaria destacó que, en lugar de flexibilizar el acceso a armas, las instituciones deben redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, así como la protección de sus familias y patrimonios.
Cada semana, recordó Torres Gómez, se rinde cuenta pública de los trabajos en la Mesa de Seguridad estatal.
En estos informes se detallan labores de patrullaje, investigaciones, rescate de personas, detenciones, aseguramiento de drogas, recuperación de vehículos, entre otras acciones relevantes en el combate a la criminalidad.
Aunque reconoció que aún hay áreas por fortalecer, especialmente en materia de prevención, advirtió que permitir el acceso a armamento a personas sin el entrenamiento adecuado representa un riesgo considerable.
Reafirmó que esa propuesta no forma parte de la estrategia de seguridad del estado.
En el mismo sentido se expresó Ricardo Velazco Rodríguez, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la XVIII Legislatura local.
Si bien reconoció que existe una percepción social que demanda mayores mecanismos de defensa personal ante los niveles de inseguridad, consideró que autorizar la portación de armas podría ser contraproducente y aumentar la incidencia delictiva.
Instó a esperar el dictamen final del Senado antes de evaluar su implementación a nivel estatal.
Señaló que cualquier decisión debe ser tomada con base en un análisis profundo del contexto de cada entidad.
De acuerdo con lo señalado por ambos funcionarios, el objetivo central de la reforma es fortalecer el control del Estado sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas, además de modernizar la clasificación del armamento y precisar las condiciones para su posesión y uso.
También contempla campañas permanentes de desarme y promoción de una cultura de paz, bajo responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno.
